Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo ante los ataques en el Cauca, Colombia
Una vez más, el Cauca sufre las consecuencias de una guerra injustificada. La detonación de una moto bomba en el casco urbano de Balboa, cerca de la estación de Policía, dejó alrededor de 13 personas heridas, entre ellas una niña de 7 años. En este municipio hacen presencia al menos dos grupos armados, incluyendo las disidencias de la línea de alias “Iván Mordisco”, que han anunciado y desplegado una escalada violenta en varias regiones del país y del departamento.
Este atentado constituiría una nueva infracción al derecho internacional humanitario, en particular por desconocer el principio de distinción, que obliga a proteger y respetar a la población civil. Lejos de ello, lo ocurrido fue un ataque indiscriminado que afectó la vida e integridad de civiles y causó daños a bienes de carácter civil, entre ellos la sede de la Alcaldía, viviendas y locales comerciales. El municipio enfrenta además afectaciones en el fluido eléctrico y las comunicaciones, mientras los organismos de socorro trabajan para controlar el incendio en la Cooperativa de Caficultores, provocado por la explosión.
Balboa y Patía conforman un enclave cocalero del Cauca y hacen parte de una región también golpeada por la minería ilegal. La violencia cotidiana y las reiteradas vulneraciones a los derechos de sus habitantes responden a las disputas por el control de economías ilícitas que, además, afectan gravemente a la naturaleza mediante la deforestación y la contaminación de fuentes hídricas.
Aun así, el Cauca está lleno de fuerza civil, como lo mostramos en el informe “Cauca: Voces que resisten”, presentado el pasado mes de octubre. Pero el pueblo caucano no tiene por qué limitarse a resistir: tiene derecho a vivir digna y libremente, a construir hoy un buen futuro.
Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las víctimas. Hacemos un llamado urgente a los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio para que abandonen las economías que dañan a la población y a la naturaleza, cesen el uso de la violencia y permitan que el pueblo caucano ejerza plenamente su derecho a la paz. Reiteramos también al Gobierno Nacional las recomendaciones formuladas en nuestro informe de octubre y le urgimos a abrir un diálogo sobre su implementación.
