El uso de tecnologías de reconocimiento facial por parte de policías, fuerzas de seguridad y autoridades antiterroristas se está volviendo cada vez más habitual, pero sin suficiente regulación para proteger los derechos humanos, advirtió un experto de la ONU.

El relator especial sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, Ben Saul, señaló en un nuevo informe que estos sistemas pueden tener usos legítimos, pero sólo bajo leyes claras, controles estrictos y salvaguardas efectivas.

El informe advierte que la tecnología permite identificar personas a distancia, en espacios públicos y sin aviso ni consentimiento, lo que plantea riesgos para la privacidad, la libertad de expresión, la protesta pacífica y la igualdad.

También alerta de que sus impactos van más allá de las manifestaciones y pueden afectar investigaciones policiales, procesos judiciales, controles fronterizos y decisiones de seguridad nacional, especialmente cuando se combina con inteligencia artificial y otras formas de vigilancia digital.

Saul pidió que el reconocimiento facial sólo se utilice cuando esté expresamente autorizado por la ley, sea necesario y proporcional, y esté sujeto a supervisión independiente.