La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos instó a las autoridades de El Salvador a revisar los cambios constitucionales adoptados la semana pasada, que prevén la cadena perpetua para menores desde los 12 años.

La Oficina alertó que esta medida contradice las normas internacionales de derechos humanos.

La nueva legislación prevé que los casos de niños y niñas condenados a cadena perpetua serán, por lo general, revisados únicamente cuando hayan cumplido 25 años de detención. 

La Oficina advierte que este enfoque contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige que los menores en conflicto con la ley sean tratados de una manera que priorice su rehabilitación y reintegración, y que la privación de libertad se utilice solo como medida de último recurso y durante el período más breve posible.

“La detención prolongada es profundamente perjudicial para los niños y niñas, vulnera varios de sus derechos y afecta su desarrollo y bienestar a lo largo de la vida, reduciendo sus posibilidades de una reintegración exitosa en la sociedad”, subrayó la portavoz, Marta Hurtado en un comunicado.

La Oficina señaló que también es esencial mejorar las condiciones penitenciarias y garantizar el pleno cumplimiento de las normas de derechos humanos para todas las personas privadas de libertad.