El incremento del salario mínimo legal vigente para 2026 tendrá un efecto directo en las cuotas alimenticias a cargo de padres y madres, especialmente en aquellos procesos en los que la obligación fue fijada en salarios mínimos o con base en ingresos indexados al SMMLV. Este ajuste automático impacta miles de procesos activos en el sistema judicial y administrativo de familia en Colombia.
De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación, el país ha registrado un crecimiento sostenido de denuncias y procesos por inasistencia alimentaria. Solo en 2020 se reportaron 30.203 casos, en 2021 se iniciaron 41.846 procesos y en 2022 se interpusieron 30.069 denuncias, lo que representa más de 100.000 demandas en apenas tres años, según datos institucionales del ente acusador.
A estas cifras se suman los registros más recientes: en 2025 se iniciaron más de 15.948 procesos por inasistencia alimentaria, consolidando este conflicto como una de las principales causas de judicialización en materia de familia en Colombia, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
Carga histórica para la justicia
El fenómeno tiene un carácter estructural. Entre 2010 y 2019, Colombia acumuló 717.669 denuncias por inasistencia alimentaria, con un promedio anual de 71.766 procesos, según estadísticas consolidadas de la Fiscalía General de la Nación. Estas cifras posicionan este delito como uno de los más recurrentes dentro del sistema judicial colombiano.
La Fiscalía también ha señalado que la carga de estos procesos recae mayoritariamente sobre los padres: entre 2019 y 2020, el 86 % de los indiciados por inasistencia alimentaria fueron hombres, reflejando el impacto estructural del fenómeno en las obligaciones paternas.
Efectos legales del aumento del salario mínimo
Desde el punto de vista jurídico, el incremento del salario mínimo no crea nuevas obligaciones alimentarias, pero sí modifica automáticamente el monto de las cuotas existentes cuando estas fueron fijadas en salarios mínimos o cuando el ingreso del obligado está directamente ligado al SMMLV.
Para Ariadna Herrán Galindo, abogada especialista en derecho de familia de Cafore Abogados, el aumento exige una revisión responsable de las obligaciones, “muchos padres desconocen que, si la cuota fue fijada en salarios mínimos, el ajuste es automático. El error más común es dejar de pagar el nuevo valor, lo que activa de inmediato procesos ejecutivos e incluso consecuencias penales. Igualmente, los deudores de este tipo de obligaciones suelen desconocer que, cuando una cuota ha sido fijada nominalmente pero su actualización fue pactada con base en el SMMLV, el incremento de este impacta directamente el valor nominal de la cuota, la cual debe ajustarse de acuerdo con el porcentaje de aumento del salario mínimo”.
En la misma línea, Ariadna Herrán Galindo, abogada especialista en derecho de familia de Cafore Abogados advierte sobre el impacto judicial. “El alza del salario mínimo suele generar un pico de incumplimientos. Desde el punto de vista legal, la falta de pago no se justifica por dificultades económicas si no se solicita formalmente una revisión de la cuota ante la autoridad competente.”
xx coincide en que este escenario puede derivar en:
● Procesos ejecutivos de alimentos
● Conciliaciones fallidas ante comisarías de familia e ICBF
● Procesos penales por inasistencia alimentaria
● Embargos de salario, cuentas bancarias y bienes.
● Inscripción en el REDAM
● Impedimento de salida del país.
La normativa colombiana permite iniciar procesos ejecutivos de alimentos sin número mínimo de cuotas atrasadas, conforme a la regulación vigente y a los lineamientos del ICBF.
Protección del interés superior del menor
Las autoridades recuerdan que, conforme al Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), las cuotas alimenticias deben garantizar el interés superior del menor, cubriendo alimentación, salud, educación, vivienda y desarrollo integral. El aumento del salario mínimo busca preservar el poder adquisitivo, lo que también se refleja en la actualización de estas obligaciones legales.
La abogada Herrán recomienda que para enfrentar el alza en las cuotas alimenticias se debe:
- Revisar el acuerdo o la sentencia vigente: Verifique si la cuota está fijada en salarios mínimos o en un valor fijo. Esto permite saber si el ajuste es automático.
- Solicitar una revisión legal o conciliación a tiempo: Si la capacidad económica ha cambiado, es clave acudir a una comisaría de familia, centro de conciliación o juez antes de caer en mora.
- No suspender pagos sin respaldo legal: El incumplimiento puede generar embargos y procesos penales. Cualquier ajuste debe hacerse por vía legal y documentada.
El incremento del salario mínimo se convierte en un factor determinante que puede agravar los conflictos por alimentos si no se gestiona de manera adecuada y oportuna. Más allá del ajuste económico, el escenario actual pone en evidencia la necesidad de mayor educación jurídica, diálogo entre las partes y uso de los mecanismos legales de revisión y conciliación. Para las autoridades y especialistas, actuar a tiempo no solo previene sanciones y procesos judiciales, sino que contribuye a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, eje central del sistema de familia en Colombia.
