Un año después de que la violencia se intensificara drásticamente en Catatumbo, la región sigue sumida en una crisis humanitaria cada vez más profunda.
Desde enero de 2025, se estima que cerca de 100.000 personas, la mitad de la población de la región, han sido desplazadas como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados no estatales, el uso de drones armados y el control violento de territorios estratégicos.
En las últimas semanas, la situación se ha agravado. Según la oficina de Coordinación Humanitaria (OCHA), los combates han dejado más de 60 personas muertas en la última semana, mientras miles de civiles enfrentan restricciones de movilidad, dificultades para acceder a servicios básicos y nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento forzado.
Yudith García, representante de la Mesa Departamental de Víctimas de Cúcuta, alertó sobre el impacto de los ataques con drones durante la presentación de un informe conjunto de la Defensoría del Pueblo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Los ataques con drones están siendo ignorados. Están afectando la salud, las viviendas y los cultivos de los campesinos. Esto, en vez de disminuir, va aumentando”, advirtió.
El informe señala, que la crisis “se ha convertido en una de las más graves en la historia del conflicto armado colombiano”.
La Alcaldía de Cúcuta registró la llegada de 2048 personas desplazadas desde el Catatumbo desde el 22 de diciembre, y prevé que la cifra aumente en los próximos días. Habitantes de la región señalan además que muchas familias han huido hacia el municipio de Ocaña. A comienzos de 2025, más de 60.000 personas fueron desplazadas forzosamente por combates y asesinatos selectivos.
Los grupos armados enfrentados estarían utilizando drones armados para atacar a sus rivales y a personas acusadas de colaborar con el bando contrario, lo que ha elevado el riesgo para la población civil.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, al menos 11 personas han resultado lesionadas y nueve han muerto por explosivos lanzados desde drones.
Miles de familias atrapadas
La relatora especial sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, la colombiana Paula Gaviria, calificó la situación como un “drama prolongado”. “Es necesario reflexionar y actuar cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33”, señaló.
Gaviria recordó que, en marzo de 2025, junto con otros relatores de la ONU, envió una comunicación al Gobierno colombiano, al ELN y a las disidencias de las FARC por la crisis en el Catatumbo. Un año después, advirtió, “miles de familias siguen atrapadas entre la inseguridad y el miedo”.
En ese sentido, instó a reforzar las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y garantizar soluciones duraderas para la población desplazada, como pasos mínimos para atender la emergencia humanitaria en esta región fronteriza.
Desde las organizaciones sociales también se alzan voces de alarma. “Nosotros ponemos los muertos. El año pasado hubo 137 líderes sociales asesinados”, denunció Jaime Botero, presidente de Asojuntas, quien pidió a las autoridades escuchar las propuestas de las comunidades y líderes locales.
Según la oficina humanitaria, las familias desplazadas y confinadas reportan vivir bajo un miedo constante, en medio del riesgo de explosiones, violencia selectiva y restricciones impuestas por los grupos armados. Los daños a la infraestructura han agravado la inseguridad alimentaria y han dejado a miles de niños y niñas fuera del sistema educativo. Mientras tanto, la financiación humanitaria sigue muy por debajo de los niveles necesarios, empujando a las comunidades a adoptar estrategias de supervivencia cada vez más peligrosas.
El conflicto se intensificó el 16 de enero de 2025, cuando el ELN inició una ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, motivada por la disputa por el control territorial y las economías ilícitas en esta zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela.
Por su parte, el Ejército informó que ha desplegado más de 11.200 soldados en el marco de la denominada Operación Catatumbo, como respuesta a la confrontación.
