Golpes, trabajo forzado, extremidades atadas, y peticiones públicas de perdón, son parte de los castigos que impone un grupo armado no estatal en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, y que ha documentado la Oficina de Derechos Humanos.

 En 2025, la Oficina ha recopilado 19 registros audiovisuales provenientes de diversas fuentes, en los que se evidencian los castigos que el grupo impone ante el uso de drogas, hurtos, violencia de género e intrafamiliar y riñas en la comunidad.

Entre las víctimas, se ha identificado a mujeres obligadas a realizar trabajos forzados, y a quienes se les ha rapado el cabello.

 “Reconocemos algunas acciones que han tomado las autoridades para atender esta situación, pero queremos reiterar el deber del Estado de prevenir esta situación, de proteger a las a las víctimas, de repararlas, pero también de procesar y sancionar a los responsables de estos conductas”, dijo Carlos de la Torre, representante adjunto de la Oficina.

 En Colombia, numerosos grupos armados se disputan las economías ilícitas y el control de los territorios anteriormente controlados por las FARC, que hace ocho años firmaron un acuerdo de paz con el Gobierno.