La presidenta de la Comisión de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado*, Navi Pillay, denunció ante la Tercera Comisión de la Asamblea General que Israel mantiene un “claro y constante propósito” de establecer un control militar permanente sobre Gaza y de alterar su composición demográfica. Según Pillay, la destrucción de infraestructura civil y recursos esenciales, junto con el desplazamiento forzoso de palestinos, demuestra “un patrón planificado de anexión”.

La Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, políticas y acciones implementadas desde octubre de 2023 -incluido el apoyo explícito e implícito a acciones delictivas de colonos violentos: demuestran una clara intención de trasladar por la fuerza palestinos, expandir la presencia civil judía israelí y anexar la mayor parte de Cisjordania. El propósito es impedir cualquier posible autodeterminación palestina y y mantener una ocupación indefinida.

La alta funcionaria afirmó que, pese al alto el fuego, los cambios territoriales en la Franja de Gaza no se han revertido y que declaraciones recientes de autoridades israelíes confirman que esos objetivos “siguen firmemente en pie”.

"Me duele que, en mi última presentación como Presidente de esta Comisión, el sistema multilateral posterior a la Segunda Guerra Mundial no haya podido evitar este genocidio. El sistema internacional ha se ha encontrado deficiente", dijo Pillay.

Por su parte, la relatora especial de la ONU Francesca Albanese** expresó su “profundo pesar” por no poder presentar su informe en persona, tras las sanciones impuestas por Estados Unidos, a las que calificó de “ataque a la independencia de las Naciones Unidas”. Albanese reiteró el llamado a un alto el fuego permanente, la retirada total israelí de los territorios ocupados y el desmantelamiento de los asentamientos.

En paralelo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) expresó su preocupación por los recientes bombardeos israelíes en Cisjordania, recordando que el uso de ataques aéreos en un territorio ocupado es ilegal y que las operaciones de seguridad deben regirse por los estándares de derechos humanos aplicables al mantenimiento del orden civil, no por las normas del derecho de guerra.