Greenpeace celebra la decisión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) -el máximo tribunal de derechos humanos de las Américas- que estableció que los gobiernos deben actuar sin demora para garantizar un clima estable y un ambiente sano, dejando en claro que la protección de los derechos humanos frente al cambio climático es una obligación prioritaria e ineludible para los Estados.

La Corte dejó en firme que las empresas también tienen obligaciones en relación con el cambio climático y sus impactos sobre los derechos humanos, poniendo así de forma inequívoca los derechos de las personas y de la naturaleza, tanto de esta como de las futuras generaciones, por encima de los intereses económicos que han contribuído a la crisis climática.

Se trata de un pronunciamiento histórico, resultado de la solicitud presentada por Colombia y Chile en 2023, que marca un precedente en la región al establecer directrices claras sobre las obligaciones de los Estados frente a la crisis climática y su impacto en la vida, salud, agua, alimentación, vivienda, cultura y otros derechos humanos.

Esta decisión se fundamenta en evidencia científica clara que demuestra que las actividades humanas, especialmente el uso de combustibles fósiles y la deforestación, están generando impactos que vulneran derechos fundamentales.

“El mensaje es claro: los Estados tienen una obligación legal de proteger nuestro futuro. Desde Greenpeace consideramos esta decisión, sin precedentes, como una herramienta poderosa para elevar el estándar de responsabilidad de los Estados y empresas y fortalecer la acción climática con un enfoque de justicia y derechos. La corte lo fue clara: se acabó la inacción, es momento de políticas públicas concretas, ambiciosas y con enfoque de derechos humanos”, señaló Laura Caicedo, coordinadora de Campañas en Greenpeace Andino.

Uno de los aportes más relevantes de este proceso ha sido el rol central de la sociedad civil.  Con 265 observaciones escritas y más de 150 intervenciones orales, esta Opinión Consultiva ha sido la más participativa en la historia del Tribunal.

Organizaciones, movimientos sociales y comunidades directamente afectadas presentaron argumentos legales, científicos y testimoniales que han enriquecido el proceso y garantizado que el derecho internacional se construya desde los territorios, no sólo desde los escritorios del poder.

Esta decisión representa un paso sin precedentes, la Corte también reconoció el derecho de la naturaleza y los ecosistemas a mantener sus procesos ecológicos esenciales, un avance clave para América Latina y el Caribe, una de las regiones más biodiversas del planeta.

Será fundamental para enfrentar la triple crisis planetaria y avanzar hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible, que respete los límites planetarios y garantice los derechos de las generaciones presentes y futuras.

Así mismo, esta decisión está alineada con los principios de la Declaración de Manaos, reforzando la protección de ecosistemas clave como la Amazonía, glaciares y océanos; garantizar los derechos de los pueblos indígenas; y priorizar soluciones basadas en justicia climática y social.

Además, los gobiernos deben garantizar no solo el derecho a un ambiente sano, sino también el acceso real a la justicia, la información y mecanismos de reparación cuando las comunidades sufren daños climáticos.

El pronunciamiento marca un punto de inflexión al reconocer el vínculo entre la crisis climática y  los derechos humanos. Se trata de una herramienta poderosa para fortalecer el litigio climático, orientar la política pública y servir de guía tanto para los Estados como para la ciudadanía. Además, ofrece una oportunidad para aclarar y reforzar las obligaciones ya existentes en materia de derechos humanos frente al cambio climático, y establece una base sólida para elevar los estándares de responsabilidad de los Estados y las empresas ante las violaciones derivadas de esta crisis.

Para Roxana Núñez, abogada y encargada de incidencia en Greenpeace Andino, desde América Latina, esta decisión cobra una relevancia aún mayor:

“Las Opiniones Consultivas de la Corte IDH desempeñan un papel fundamental en la interpretación y definición del alcance de las obligaciones jurídicas de los Estados de la región en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, puesto que no sólo contribuyen al desarrollo normativo regional, sino que también pueden impulsar mayor ambición en las políticas públicas e influir en otros tribunales a nivel global”, asegura la abogada.

Asimismo, esta decisión es especialmente significativa para América Latina y el Caribe, ya que reconoce los impactos diferenciados que el cambio climático está generando en la región. “Se pone en relieve la especial vulnerabilidad de muchas comunidades, determinada por factores como la ubicación geográfica, el clima, las condiciones socioeconómicas, el género, la edad y la raza. Reconocer estas desigualdades es esencial para avanzar hacia una justicia climática efectiva y con enfoque de derechos humanos”, puntualizó, por su parte, Laura Caicedo.